DE DUDOSA LEGALIDAD
El argumento de los jueces para justificar la legalidad de su derecho a la huelga se eleva a nuestra Constitución, a la enumeración de los recortes mínimos y precisos de las libertades individuales y colectivas. En efecto, en nuestra Constitución nada se dice de limitación alguna al derecho a la huelga de los mienbros de Poder Judical, un pilar del Estado de Derecho. Tampoco se dice de forma expresa que el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados o el Tribunal Constitucional tengan limitado su derecho a huelga, pero se da por sentado. Nuestra Constitución, suficientemente precisa, no se extiende al detalle de contemplar los absurdos. Y los jueces dominan con solvencia la interpretación analógia de las leyes. Lo que sí es de muy dudosa legalidad es convertir las juntas de jueces en asambleas para tratar la pertinecia o el calendario de una huelga. Las juntas de jueces tienen un cometido concreto y no ha lugar a actividades propias de un comité de huelga. Pero el abuso de derecho tiene el más bachornoso de sus remates en la utilización de los ordenadores de los juzgados para intercambiar correos electrónicos, en horario de trabajo, alentando o pidiendo templanza ante la huelga. Penoso, que los encargados de interpretar y hacer cumplir las leyes las hayan retorcido en beneficio de su causa.
COINCIDENCIAS, OPORTUNIDAD Y EXCESOS
Por mucho que se empeñen, nadie se cree que, en el asunto que nos ocupa, el caso "Mari Luz" y la exigencia externa de una mayor sanción al juez Tirado, no ha sido una de las causas de esta respuesta airada de los jueces. Mal asunto, porque en la opinión pública, muy sensibilizada por el caso, ha calado que los jueces se protegen entre ellos, dando muestras de un corporativismo inaceptable. Por aquí se abre una puerta a un descrédito con posibles secuelas futuras.
En plena recesión económica, con cierres empresariales, expedientes de regulación de empleo, hipotecas impagadas y temor colectivo por un futuro incierto, pedir un aumento de sueldo es, cuando menos, impúdico. Seguro que sus guardias están mal pagadas, pero ahora no es oportuno reivindicar incrementos salariales, sean de la naturaleza que sean. Es oportuno, también, que esta reivindicación expeditiva de medios y plantilla, aquí y ahora, se explique. El colapaso de la Justicia es cierto, como es cierta la necesidad de más y mejores recursos, de más jueces, pero esto no es nuevo, viene de largo y en Legislaturas anteriores nada se dijo en voz alta, ni siquiera en aquellas que menos se invirtió en Justicia. Claro está, lo anterior puede servir como reproche del Gobierno a los jueces, pero no exime al Gobierno de hacer frente a sus responsabilidades en todo aquello que le concierne, como es procurarnos una Justicia ágil y suficiente.
Es discutible la bonanza de una Ley que faculte a los secretarios judiciales para decidir el calendario de los juicios. Todos, jueces incluidos, tenemos derecho a mostrar nuestro acuerdo o desacuerdo sobre cualquier Ley, lo que resulta un tanto insólito es que un poder de Estado (el Judicial) presione a otros poderes del Estado (el Ejecutivo, que propone; el Legislativo, que dispone), cuando éstos son los competentes para legislar. Parece un acto de cinismo que se tache de intromisión inaceptable el que se cuestione la reducida sanción al juez Tirado y no se tenga empacho alguno en entrometerse, presionando, en las competencias de otros poderes del Estado.
UNA INEXPERENCIA QUE PUEDE COSTAR CARA
Buena parte de la efectividad de las huelgas actuales reside en en su capacidad para provocar molestias a la ciudadanía, que nada tiene que ver con el objeto del conflicto. Pero también la huelga contemporánea tiene unos elementos simbólicos y unas escenificaciones nada desdeñables en cuanto a sus propósitos. Pancartas, banderas, manifestaciones, imágenes en portada y declaraciones de líderes sindicales son instrumentos muy perfeccionados para multiplicar la resonancia. Atrás quedaron las interrupciones en las cadenas de montaje, de la produccion fabril, asimiladas en el imaginario colectivo al nacimiento de los sindicatos obreros.
¿Cómo se escenificará una huelga de jueces? ¿Pancartas y manifestaciones? ¿Concentraciones a la puerta de los juzgados con o sin togas y puñetas? ¿Desfile mediático por los medios de comunicación conservadores? Como no hay un precedente es difícil imaginar cómo sería o será la proyeccción externa de una huelga de jueces. Y es esa falta de precedentes, esa inexperiencia en huelgas lo que da pie a una sospecha fundada: los jueces corren serios riesgos de hacer el ridículo
El argumento de los jueces para justificar la legalidad de su derecho a la huelga se eleva a nuestra Constitución, a la enumeración de los recortes mínimos y precisos de las libertades individuales y colectivas. En efecto, en nuestra Constitución nada se dice de limitación alguna al derecho a la huelga de los mienbros de Poder Judical, un pilar del Estado de Derecho. Tampoco se dice de forma expresa que el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados o el Tribunal Constitucional tengan limitado su derecho a huelga, pero se da por sentado. Nuestra Constitución, suficientemente precisa, no se extiende al detalle de contemplar los absurdos. Y los jueces dominan con solvencia la interpretación analógia de las leyes. Lo que sí es de muy dudosa legalidad es convertir las juntas de jueces en asambleas para tratar la pertinecia o el calendario de una huelga. Las juntas de jueces tienen un cometido concreto y no ha lugar a actividades propias de un comité de huelga. Pero el abuso de derecho tiene el más bachornoso de sus remates en la utilización de los ordenadores de los juzgados para intercambiar correos electrónicos, en horario de trabajo, alentando o pidiendo templanza ante la huelga. Penoso, que los encargados de interpretar y hacer cumplir las leyes las hayan retorcido en beneficio de su causa.
COINCIDENCIAS, OPORTUNIDAD Y EXCESOS
Por mucho que se empeñen, nadie se cree que, en el asunto que nos ocupa, el caso "Mari Luz" y la exigencia externa de una mayor sanción al juez Tirado, no ha sido una de las causas de esta respuesta airada de los jueces. Mal asunto, porque en la opinión pública, muy sensibilizada por el caso, ha calado que los jueces se protegen entre ellos, dando muestras de un corporativismo inaceptable. Por aquí se abre una puerta a un descrédito con posibles secuelas futuras.
En plena recesión económica, con cierres empresariales, expedientes de regulación de empleo, hipotecas impagadas y temor colectivo por un futuro incierto, pedir un aumento de sueldo es, cuando menos, impúdico. Seguro que sus guardias están mal pagadas, pero ahora no es oportuno reivindicar incrementos salariales, sean de la naturaleza que sean. Es oportuno, también, que esta reivindicación expeditiva de medios y plantilla, aquí y ahora, se explique. El colapaso de la Justicia es cierto, como es cierta la necesidad de más y mejores recursos, de más jueces, pero esto no es nuevo, viene de largo y en Legislaturas anteriores nada se dijo en voz alta, ni siquiera en aquellas que menos se invirtió en Justicia. Claro está, lo anterior puede servir como reproche del Gobierno a los jueces, pero no exime al Gobierno de hacer frente a sus responsabilidades en todo aquello que le concierne, como es procurarnos una Justicia ágil y suficiente.
Es discutible la bonanza de una Ley que faculte a los secretarios judiciales para decidir el calendario de los juicios. Todos, jueces incluidos, tenemos derecho a mostrar nuestro acuerdo o desacuerdo sobre cualquier Ley, lo que resulta un tanto insólito es que un poder de Estado (el Judicial) presione a otros poderes del Estado (el Ejecutivo, que propone; el Legislativo, que dispone), cuando éstos son los competentes para legislar. Parece un acto de cinismo que se tache de intromisión inaceptable el que se cuestione la reducida sanción al juez Tirado y no se tenga empacho alguno en entrometerse, presionando, en las competencias de otros poderes del Estado.
UNA INEXPERENCIA QUE PUEDE COSTAR CARA
Buena parte de la efectividad de las huelgas actuales reside en en su capacidad para provocar molestias a la ciudadanía, que nada tiene que ver con el objeto del conflicto. Pero también la huelga contemporánea tiene unos elementos simbólicos y unas escenificaciones nada desdeñables en cuanto a sus propósitos. Pancartas, banderas, manifestaciones, imágenes en portada y declaraciones de líderes sindicales son instrumentos muy perfeccionados para multiplicar la resonancia. Atrás quedaron las interrupciones en las cadenas de montaje, de la produccion fabril, asimiladas en el imaginario colectivo al nacimiento de los sindicatos obreros.
¿Cómo se escenificará una huelga de jueces? ¿Pancartas y manifestaciones? ¿Concentraciones a la puerta de los juzgados con o sin togas y puñetas? ¿Desfile mediático por los medios de comunicación conservadores? Como no hay un precedente es difícil imaginar cómo sería o será la proyeccción externa de una huelga de jueces. Y es esa falta de precedentes, esa inexperiencia en huelgas lo que da pie a una sospecha fundada: los jueces corren serios riesgos de hacer el ridículo
AVISO PARA NAVEGANTES
En el programa "Tengo una pregunta para usted", quedó claro que la preocupación general de los españoles y españolas es la crisis económica y sus nefastas consecuencias, con el paro como la desgracia más sentida. Pero también hubo un momento emotivo, y una pregunta incomodísima para Zapatero, que aún colea, sobre la venta de armas a Israel. No hubo, sin embargo, pregunta alguna sobre la huelga de los jueces, sobre sus reivindicaciones; o sea, que entre las preocupaciones de la ciudadania no figura la anunciada huelga de los jueces
En el programa "Tengo una pregunta para usted", quedó claro que la preocupación general de los españoles y españolas es la crisis económica y sus nefastas consecuencias, con el paro como la desgracia más sentida. Pero también hubo un momento emotivo, y una pregunta incomodísima para Zapatero, que aún colea, sobre la venta de armas a Israel. No hubo, sin embargo, pregunta alguna sobre la huelga de los jueces, sobre sus reivindicaciones; o sea, que entre las preocupaciones de la ciudadania no figura la anunciada huelga de los jueces
